El tope a las gasolinas reduce la presión inflacionaria, pero incentiva el robo a Pemex
Los estímulos para mantener estable el precio de los combustibles han reducido el atractivo del huachicol fiscal, pero vuelven más rentable la ordeña de ductos y otras modalidades de mercado ilegal.
El control de precios de los combustibles en México se ha consolidado como una de las principales herramientas del gobierno para contener la inflación.
Mantener la gasolina regular cercana a 24 pesos por litro y el diésel alrededor de 27 pesos busca amortiguar el impacto en transporte, alimentos y cadenas logísticas, que dependen directamente del costo energético.
Pero detrás de ese objetivo macroeconómico se está configurando un efecto colateral en el mercado de combustibles: un ajuste en los incentivos que alimentan el mercado ilegal en sus distintas modalidades.
En ese ecosistema conviven el robo de ductos, la adulteración de combustibles y el llamado huachicol fiscal —la importación de combustibles bajo fracciones arancelarias distintas para evadir impuestos—, mecanismos que forman parte de un mismo circuito ilícito.
El comportamiento del mercado ilegal depende de la relación entre precios, fiscalización y carga tributaria.
Cuando el precio del combustible se mantiene estable y los impuestos se cobran en su totalidad, crece el atractivo del huachicol fiscal, basado en importaciones con fracciones arancelarias distintas para evadir obligaciones tributarias.
En cambio, cuando los precios suben y el gobierno activa estímulos fiscales para contenerlos, el incentivo se desplaza hacia el robo físico de combustible mediante la ordeña de ductos o la extracción directa, con la posibilidad de colocar el producto en mercados locales sin carga impositiva ni costos logísticos.
¿Qué incentiva el huachicol fiscal o el convencional?
Víctor Hugo Arellano, director técnico de Onexpo Nacional, advierte que ante los recientes ajustes realizados por el Gobierno Federal para contener el alza de los precios globales de los combustibles, derivados del incremento en el petróleo por la guerra entre Estados Unidos e Irán, se ha desincentivado el huachicol fiscal, que hasta hace poco era la principal preocupación del mercado.
Como resultado, las redes ilícitas han comenzado a desplazarse hacia otras modalidades, como el robo de ductos e incluso hacia escenarios futuros como el robo de pipas.
“Hace tiempo ya lo vivimos y es probable que se dé nuevamente”, expuso Arellano.
En 2022, durante la crisis global de energéticos, los precios en México alcanzaron niveles que, sin subsidios, habrían rondado entre 32 y 35 pesos por litro.
Ese entorno llevó a la aplicación de estímulos del 100% al IEPS y coincidió con un incremento en las tomas clandestinas, que alcanzaron casi 11,300 en ese año, de acuerdo con estimaciones del sector.
El control de precios de los combustibles en México se ha consolidado como una de las principales herramientas del gobierno para contener la inflación.
Mantener la gasolina regular cercana a 24 pesos por litro y el diésel alrededor de 27 pesos busca amortiguar el impacto en transporte, alimentos y cadenas logísticas, que dependen directamente del costo energético.
Pero detrás de ese objetivo macroeconómico se está configurando un efecto colateral en el mercado de combustibles: un ajuste en los incentivos que alimentan el mercado ilegal en sus distintas modalidades.
En ese ecosistema conviven el robo de ductos, la adulteración de combustibles y el llamado huachicol fiscal —la importación de combustibles bajo fracciones arancelarias distintas para evadir impuestos—, mecanismos que forman parte de un mismo circuito ilícito.
El comportamiento del mercado ilegal depende de la relación entre precios, fiscalización y carga tributaria.
Cuando el precio del combustible se mantiene estable y los impuestos se cobran en su totalidad, crece el atractivo del huachicol fiscal, basado en importaciones con fracciones arancelarias distintas para evadir obligaciones tributarias.
En cambio, cuando los precios suben y el gobierno activa estímulos fiscales para contenerlos, el incentivo se desplaza hacia el robo físico de combustible mediante la ordeña de ductos o la extracción directa, con la posibilidad de colocar el producto en mercados locales sin carga impositiva ni costos logísticos.
¿Qué incentiva el huachicol fiscal o el convencional?
Víctor Hugo Arellano, director técnico de Onexpo Nacional, advierte que ante los recientes ajustes realizados por el Gobierno Federal para contener el alza de los precios globales de los combustibles, derivados del incremento en el petróleo por la guerra entre Estados Unidos e Irán, se ha desincentivado el huachicol fiscal, que hasta hace poco era la principal preocupación del mercado.
Como resultado, las redes ilícitas han comenzado a desplazarse hacia otras modalidades, como el robo de ductos e incluso hacia escenarios futuros como el robo de pipas.
“Hace tiempo ya lo vivimos y es probable que se dé nuevamente”, expuso Arellano.
En 2022, durante la crisis global de energéticos, los precios en México alcanzaron niveles que, sin subsidios, habrían rondado entre 32 y 35 pesos por litro.
Ese entorno llevó a la aplicación de estímulos del 100% al IEPS y coincidió con un incremento en las tomas clandestinas, que alcanzaron casi 11,300 en ese año, de acuerdo con estimaciones del sector.
